En México, la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo ha sido una preocupación constante en los últimos años. Para abordar este desafío, se promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que establece un marco legal integral para prevenir y detectar el flujo de recursos ilícitos en el país.
Los antecedentes de la ley se remontan a la década de 1990, cuando México comenzó a enfrentar la creciente amenaza del lavado de dinero y su relación con actividades delictivas como el narcotráfico y la corrupción. En 1996, se creó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como autoridad encargada de supervisar y regular las instituciones financieras en el país, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la integridad del sistema financiero.
Posteriormente, en 2001, se promulgó la Ley de Prevención y Combate al Lavado de Dinero (LPCD), que estableció las bases para la prevención, detección y represión del lavado de dinero en México. Esta ley sentó las bases para la creación de mecanismos de control y supervisión, así como para la cooperación interinstitucional en la lucha contra el lavado de dinero.
Sin embargo, ante la evolución de las prácticas delictivas y los desafíos globales en materia de lavado de dinero, fue necesario fortalecer la legislación existente. En 2012, se reformó la Ley de Prevención y Combate al Lavado de Dinero, dando lugar a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta nueva ley amplió el alcance de las actividades susceptibles de lavado de dinero, estableció medidas más rigurosas de debida diligencia y obligaciones de reporte, e introdujo sanciones más severas para aquellos que incumplen con la normativa.
La LFPIORPI también se alinea con los estándares internacionales en la materia, especialmente con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de promover políticas y medidas para combatir el lavado de dinero a nivel global.
En resumen, los antecedentes de la Ley Antilavado en México se encuentran en la necesidad de fortalecer la prevención y detección del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. A través de la LFPIORPI, se busca crear un marco legal sólido que fomente la transparencia, la integridad y la cooperación entre las instituciones y sectores involucrados, con el objetivo de prevenir y desmantelar las redes de lavado de dinero y el flujo de recursos ilícitos en el país.
