Antes de contratar a una empresa de outsourcing asegúrate que cumpla con la Ley Antilavado. No hacerlo puede causarte problemas con la autoridad fiscal en materia de lavado de dinero. Conoce aquí por qué.
Las empresas que recurren al esquema de outsourcing para ganar eficiencia a partir de la tercerización de actividades pueden verse involucradas en problemas legales si el proveedor del servicio incumple con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado.
Dicha legislación señala al outsourcing como una actividad vulnerable, por lo que las empresas que lo ejecutan deben cumplir con su reglamento. No hacerlo puede dar lugar a la presunción de actos de lavado de dinero en su modalidad de evasión fiscal, lo cual representa un foco rojo para las empresas contratantes del servicio.
La razón estriba en que el Poder Judicial de la Federación ha adoptado un criterio que reconoce la responsabilidad solidaria de laboral de una empresa aún cuando esta no haya contratado a un trabajador, pero sí se haya beneficiado de su trabajo. Dicha responsabilidad solidaria puede dar lugar a multas o cárcel cuando se comprueba el incumplimiento de la Ley Antilavado.
Lo anterior cobra relevancia al conocer que en el país solo 22 firmas de outsourcing operan en la legalidad, frente a un universo de 900 empresas simuladoras de servicios de outsourcing que, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano en México (AMECH) recurren de manera anómala a este modelo para evadir al fisco, al IMSS y al Infonavit.
A estos datos se suman los de un estudio elaborado por el Departamento de Estadística Matemática y Cómputo de la Universidad Autónoma Chapingo que revela que en México hay más de 6 mil empresas con 7.6 millones de trabajadores que evaden impuestos a través del outsourcing agresivo, el abuso de pagos exentos y la subdeclaración, entre otros esquemas. Ese estudio se titula “Evasión en Sueldos y Salarios” y fue encargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Frente a este panorama, la comunidad empresarial debe exigir a las empresas de outsourcing el cabal cumplimiento de la Ley Antilavado. Asimismo deben informarse sobre su reputación, metodología y experiencia a fin de evitarse problemas con la autoridad fiscal.
Para ello se recomienda pedir referencias en la AMECH y, por supuesto, buscar la asesoría de un despacho especializado en Prevención de Lavado de Dinero que dicte las directrices para mitigar riesgos y cumplir con la LFPIORPI.
Recuerda que el cumplimiento de la Ley Antilavado no es opcional y que los sujetos obligados pueden cumplirla de manera más sencilla con la ayuda de software especializado como Prevenet, un sistema en la nube de gestión de información que ayuda a las empresas de outsourcing a cumplir con esa legislación.
Este sistema tiene parametrización del sistema con actualización automática de UMA, umbral de identificación, umbral de aviso, límites de efectivo y seguimiento de operaciones durante los seis meses que marca la Ley Antilavado. También cuenta con una mesa de apoyo que opera de lunes a viernes.
¡Infórmate sobre el servicio y coméntalo con tu empresa proveedora de outsourcing! Contacta a los expertos de Prevenet, en el (01 55) 52643146 o escribe a info@prevenet.com.mx.
